Me alegra mucho comunicar a mis lectores que mi primer libro, Una vida tranquila y sosegada, acaba de ser publicado por Unión Editorial. Pueden adquirirlo aquí. En amazon y en librerías no estará disponible hasta dentro de unos días. En él me pregunto si funciona el sistema político-económico en Occidente y si nuestras autoridades facilitan que los ciudadanos podamos llevar «una vida tranquila y sosegada», como exhortaba san Pablo hace dos mil años. El artículo de hoy es un fragmento del mismo. Espero que disfruten leyéndolo como yo he disfrutado escribiéndolo.
Individuo contra Estado: el principio de subsidiariedad
El principio de subsidiariedad es uno de los principios rectores de la sociedad más relevantes para que los ciudadanos podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Sin embargo, continúa siendo poco conocido entre el público e ignorado por el poder político, pues el principio de subsidiariedad le marca sus lindes, y, como por su propia naturaleza, el poder tiende a expandirse, es natural que le incomode. El asfixiante rol que el Estado ha ido obteniendo en las sociedades occidentales en perjuicio del legítimo ámbito de libre actuación del individuo es consecuencia de esta ignorancia dolosa.
¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Para comprenderlo, debemos partir de una premisa: el reparto del espacio de acción entre el Estado y el individuo es un juego de suma cero: cuanto más espacio tenga reservado el Estado para sí, menos espacio contará el individuo para su propio desarrollo en libertad. El principio de subsidiariedad, por tanto, será el que marque los «estrechos límites»[1] de actuación del Estado.
[1] R. TERMES, Antropología del capitalismo (Rialp, Madrid 2001) 354.
Este principio filosófico es de un calado inmenso, pues «la experiencia constata que la negación de la subsidiariedad, o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita, y a veces también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa»[2]. La más nítida definición del principio de subsidiariedad se lo debemos a la Doctrina Social de la Iglesia: «Sigue en pie y firme el gravísimo principio inamovible e inmutable de que no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, por lo que tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos»[3]. El Estado no debe ocupar innecesariamente el espacio y la función que desarrollan organizaciones sociales inferiores, como el individuo, la familia, la empresa, la comunidad o las organizaciones caritativas privadas.
[2] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 187.
En definitiva, el Estado no puede sustraer a los individuos la capacidad —y el derecho, caramba— de hacer lo que pueden realizar por sí mismos. Hacerlo supondría, en definitiva, arrebatarles parte de su dignidad como seres humanos.
Subsidiariedad proviene de subsidium, es decir, «ayuda», lo que significa que el Estado está para ayudar proveyendo las condiciones bajo las que la iniciativa privada pueda florecer, pero no para sustituir o absorber el papel de los ciudadanos[4]. Ayudar no es reemplazar; es más, reemplazar es desayudar, como constatamos, por ejemplo, cuando los padres sobreprotectores hacen los deberes de sus hijos. Por este motivo, cuando, en su codicia de poder, el Estado utiliza la coartada de proteger a la sociedad de todo mal jugando a ser omnipotente —un atributo divino—, rompe el principio de subsidiariedad y provoca un gran daño en el individuo y en la sociedad.
[4] P. BOOTH, Catholic Social Teaching and the Market Economy (Lexington Books, Maryland 2005).
El daño provocado por el Estado de Bienestar
El experimento social que ha constituido el mayor ataque a dicho principio de la historia ha sido el Estado de Bienestar, aunque la propaganda ha sido tan constante y eficaz que comprendo que el lector considere cualquier crítica a este modelo poco menos que escandalosa. ¿Acaso no constituye el Estado de Bienestar un avance de la civilización y simboliza el principio de solidaridad?
Nada más lejos de la realidad. Lo que simboliza el Estado de Bienestar es el simple y abusivo aumento del poder del Estado frente al individuo. En efecto, la apariencia de legalidad y altruismo con la que el Estado Providencia (o Estado Vampiro, en acertada expresión del pensador francés Gustave Thibon) chupa la sangre a sus ciudadanos no debe confundirnos. Quizá por ello san Juan Pablo II advertía contra los «excesos y abusos» que ha generado el Estado de Bienestar, que derivaban principalmente de una «inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado», y reiteraba la importancia crucial de respetar «el principio de subsidiariedad»[5].
El Estado de Bienestar desliga libertad de responsabilidad, socavando ambas. Por este motivo, Thibon advertía que había que procurar, por un lado, «que los individuos no se vean tentados a descargar sobre el Estado sus responsabilidades personales», y, por el otro, «que los incapaces y perezosos no estén asegurados automáticamente contra sus propios fracasos, aun cuando ello pueda acarrear algunas injusticias»[6].
[6] G. THIBON, La solución social (Ensayos Aldaba, Madrid 1977) 169.
Al desligar libertad de responsabilidad, el Estado de Bienestar elimina el poderoso incentivo que supone el sistema de prueba y error, castrando de este modo su extraordinario potencial pedagógico. Debido a esta sobreprotección, la sociedad se vuelve más frágil y el bien común queda dañado. Como decía Nassim Taleb, «si la “antifragilidad” es la propiedad de todos aquellos sistemas naturales que han sobrevivido, privar a estos sistemas de volatilidad, aleatoriedad y factores estresantes les perjudicará. Así hemos estado fragilizando la economía, nuestra salud, la vida política, la educación»[7]. Además, la eliminación del sistema de prueba y error suprime la función informativa que posee el dolor para evitar la repetición de conductas autolesivas. Por lo tanto, en las sociedades en las que artificialmente intenta suprimirse el dolor no se produce ningún aprendizaje, y sus miembros vuelven a tomar decisiones autolesivas y destructivas una y otra vez.
[7] N.N. TALEB, Antifragile (Random House, New York 2012) 5.
