Para echarse a temblar: ése es en efecto el camino del absolutismo y de la arbitrariedad. Lo que nos proporciona seguridad jurídica es que haya leyes seguras, que no dependan del capricho de los que mandan: sean reyes, Papas o pueblos (es decir democracias), que la democracia, por la fuerza de los números nos puede asegurar algunas cosas: pero no la equidad, la sensatez, la verdad, la bondad… la democracia no es garantía ni de equidad, ni de sensatez, ni de bondad. Hitler se hizo con el poder de la manera más democrática; por consiguiente todo su régimen fue un infausto parto de la democracia. Como tampoco nos puede asegurar nada de eso, el hecho de que sea el papa o el mejor de los reyes quien decida torcer las leyes a su voluntad.Pero bueno, si hasta Dios, que es por sí mismo la Bondad, la Santidad, la Equidad, la Justicia, ha preferido darnos leyes para no obligarnos a depender sólo de su libre arbitrio por más dotado que esté de Sabiduría infinita, de Santidad, de Bondad y de Justicia; si hasta el mismo Dios nos dio sus Diez Mandamientos, la ley más inamovible de todas las que han existido en la historia del hombre, porque el hombre necesita tener la seguridad de que se está comportando conforme a la voluntad de Dios y por tanto, conforme a la bondad, a la verdad y a la equidad, ¿qué tendremos que decir de las leyes de los hombres? La ley está para dar seguridad, para blindarnos contra caprichos y veleidades del poder… incluso si fuese el caso, para defendernos de los posibles caprichos y veleidades de Dios. No es el caso del Dios de Jesucristo, ciertamente. Pero sí el de Alá que, por decirse omnipotente, puede hacerlo todo ¡hasta el mal! ¿Qué decir por tanto de la seguridad jurídica que están obligados a darles todos los gobernadores a sus gobernados?
Pero he aquí que la sacralización de la democracia nos ha llevado a concederle a ésta, privilegios de los que sólo gozaron los tiranos. El poder, por ser poder (sea del mónos, sea de los oligoi, sea de los aristoi, sea del demos, sea de la plebe plebiscitaria, sea del déspota), es insaciable, y por eso tiende a ser totalitario y despótico. No tenemos más que ver cómo crece el poder en nuestra sociedad, y cómo se esmera en asumir a toda costa la responsabilidad de nuestra manutención (se ha reservado las áreas de la salud y la educación en la inmensa mayoría de dominios): y no para de crecer ese afán, que sólo es sostenible con el crecimiento en paralelo de los impuestos, es decir de la esclavización a tiempo parcial.
Pero fíjense que, en Europa, el poder político mantiene hasta a la Iglesia: a costa de los impuestos, claro, es decir a costa de cotas cada vez más altas de esclavización. Es que, ¡mira por dónde!, sus ansias de mantenimiento no tienen límite. Es su peculiar sentido de la bondad: y como no podía ser de otro modo, la principal ley anual, es la de la manutención con los respectivos impuestos: es la del reparto de cuotas de esclavización y manutención. Eso es así porque el modus vivendi del Estado, sea cual sea su forma política, es nuestra manutención.
Una vez establecido que lo óptimo es que cada vez gasten más en nuestra manutención, lo obvio es que cada vez sea mayor el peso de los impuestos. Admitamos pues que, por oneroso que sea, cualquier sistema de poder, del despótico al democrático, tiene todo el derecho a «legislar» sobre capítulos de manutención (cada vez más, entre ellos también la seguridad) y capítulos de impuestos (también al alza). Evidente, porque es así como funciona todo sistema de poder: mediante imposición, es decir mediante impuestos.
Pero lo que está fuera de todo orden y de toda sensatez es que las ansias de dominación de nuestros políticos les hayan llevado a legislar sobre las leyes físicas y biológicas, sobre historia y religión, sobre moral y prosodia. Sobre cualquier cosa: como si el poder otorgase conocimiento. Allá van leyes do quieren reyes, en un ejercicio de fatua ostentación de poder de los que mandan, y de servil adulación de los que obedecen. Comprensible en los que obedecen a sueldo; pero alucinante en los que les regalan su adhesión y asentimiento a esos adictos del poder.
Un Estado de Derecho (e incluso los que no merecen esa digna calificación) se sostiene sobre un entramado de leyes estables (conditio sine que non para merecer la calificación de leyes), a las que están sujetos todos los miembros de la Nación, ya sean soberanos, ya sean vasallos. Porque si el soberano, llámese como se llame, no respeta las leyes o prescinde de ellas a su conveniencia, coloca a su Estado en una situación lastimosa tanto para él mismo como para sus súbditos.
Y lo que vale para un Estado, vale para cualquier institución, llámese asociación, club, empresa o iglesia.
El grado de cumplimiento de las leyes que cada institución se ha dado, es el termómetro de su nivel de salud. Un Estado o una institución en que allá van leyes do quieren reyes, es una institución muy enferma. Y a menudo se trata de enfermedades que anuncian la muerte. Por eso es vital que haya en ellas personas y equipos (especie de organismos de defensa) cuya función sea vigilar que nadie pueda irrogarse ningún género de soberanía sobre las leyes. Las leyes son sagradas: y no están hechas para defender a las personas concretas, por alto que sea su rango (lo cual sería una forma de privilegio, es decir de ley privada), sino para defender a la institución, que es patrimonio de todas las personas que la forman; no de sus dirigentes.
Uno de los elementos a los que debe su prolongadísima duración en el tiempo una institución bimilenaria como la Iglesia, son sus normas de funcionamiento interno, que en este caso se llama Derecho Canónico. Constituye por tanto un grave atentado contra la integridad de la Iglesia todo desgaste y laminación de ese Derecho, trasvasando a la arbitrariedad de la jerarquía de turno, lo que era derecho de la institución, y por tanto de todos sus miembros por igual, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: sin que los haya que tengan el privilegio (ley privada de ellos solos) de dejar las leyes en suspenso cuando así lo consideren o les convenga. Y si esas transgresiones se permiten con las leyes de menor rango, en las que se defiende la igualdad de derechos y deberes de todos sus miembros, tarde o temprano alcanzan a los revestidos del máximo poder. Eso, exactamente fue lo que ocurrió repetidamente en el gran Cisma de Occidente: los que tiraban de los hilos del poder, tanto dignatarios de la Iglesia como príncipes de este mundo, se saltaron las barreras de la ley de la Iglesia, del Derecho Canónico, cada vez que la transgresión les favorecía. Convirtiendo así el Derecho en algo que pone límites sólo a quien no tiene la fuerza o la audacia necesarias para saltárselos.
En efecto, en la Iglesia, el tema de la elección (y el pretendido derecho de deposición) del papa, ha sido quizá la más decisiva piedra de toque de la supremacía de la legalidad instituida, sobre cualquier interés (por legítimo que fuese) que chocase con ella. Y ahí fue donde se produjo la gran mascarada. ¿Qué tenemos pues? Un papa pusilánime que cede al capricho del rey de Francia de que la sede del Obispo de Roma esté en Aviñón. Y que se pliega a la voluntad del rey para conformar un colegio cardenalicio a su medida: a la del rey. Unos habitantes de Roma que al ver que la ciudad se ha arruinado por la ausencia del papa, montan un violento motín para exigir —bajo amenaza de muerte— a los cardenales reunidos en cónclave la elección de un papa romano o al menos italiano, decían. Tras la desastrosa elección, todos los cardenales la declaran nula y eligen un nuevo papa que acabará de nuevo confinado en Aviñón. Un concilio en Pisa que declara ilegítimos a los dos papas —al romano y al aviñonés— y elige un tercero. Otro concilio, el de Constanza, convocado por el príncipe Segismundo de Luxemburgo, luego emperador del Sacro Imperio Germánico (ojo, que no es un miembro de la jerarquía eclesiástica) y avalado luego por un tal papa Juan XXIII —el de Pisa— en el que, saltándose todos los protocolos y leyes de los concilios, se pone fin al enredo.
Crónica del Concilio de Constanza de Ulrich Richental
Y es ahí donde aparece nuestro Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, como voz que clama en el desierto (en el largo cautiverio de Aviñón y en el exilio de Peñíscola), defendiendo el principio de legalidad canónica como el principal bien de la Iglesia a proteger en ese momento.
Y es que en ese momento los príncipes del mundo se conformaban con poner y quitar papas y llevarlos de aquí para allá. Hoy no les basta: poner y quitar papas. Les sobraba Benedicto XVI y no pararon de acosarle con campañas de desprestigio en el exterior e insidias en el interior.
Ahora, sin embargo, pretenden cambiar la doctrina y hasta la teología de la Iglesia. Y en ello andan algunos empleados bien a fondo. Sólo así podrían convertir a la Iglesia en una inofensiva ONG, dedicada exclusivamente a atender a la marginación social que generan las corruptelas de un sistema podrido que, obsequioso, otorgaría la subvención. Menos mal que el poder de la muerte no la podrá destruir… (cf. Mateo 16,18) a pesar de todo lo que la maltratamos. ¡Dios sea bendito!
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