La ONG Sherpa, que representa a varios ex-trabajadores de Lafarge-Holcim en Siria, presentó una querella contra esa transnacional franco-suiza luego de la publicación en el diario francés Le Monde de un artículo sobre las relaciones de esa empresa con los yijadistas.
Seis cuadros del fabricante de cemento han sido puestos bajo investigación en diciembre por «poner en peligro las vidas de terceros» y «financiamiento de una entidad terrorista». Entre los investigados se encuentran el ex-presidente y director general de Lafarge, Bruno Lafont, y el ex-director general de Lafarge-Holcim, Eric Olsen.
Por su parte, la transnacional franco-suiza anunció haber solicitado a la firma Baker McKenzie una investigación sobre los «errores de juicio» de sus cuadros. En su informe, revelado por la colaboradora de Le Monde, Baker McKenzie exonera a la transnacional y culpa a sus cuadros.
Según el abogado del ex-director general de Lafarge-Holcim, esta investigación no se realizó «en el respeto de los principios que habitualmente rigen en Francia ese tipo de procedimiento». En realidad, Baker McKenzie defendió los intereses de su empleador, Lafarge-Holcim, proporcionándole pretextos para lograr que el caso se cierre con lo que se conoce como un «acuerdo judicial de interés público», equivalente francés de una figura del derecho estadounidense.
No es casual que Baker McKenzie haya realizado ese trabajo bajo la dirección de un ex-funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En una reciente conferencia de prensa, la doctora Marie Dosé, abogada de la ONG Sherpa, denunció la falta de cooperación de Lafarge-Holcim con la justicia francesa, subrayando que la transnacional «limpió» sus ordenadores antes de la intervención de la policía, destruyendo así numerosos elementos de prueba, que no entregó la mayoría de los elementos solicitados (entre 9.000 y 15.000) y que ha ejercido presiones sobre sus representados —ex-empleados de Lafarge en Siria.
Los instructores del caso parecen haber entendido perfectamente el fondo de este expediente: es cierto que Lafarge pagó al Estado Islámico (Daesh) para garantizar el transporte de su personal en Siria —no para comprar petróleo, como afirmaba la transnacional hasta hace poco— pero eso es sólo un elemento utilizado para esconder el verdadero crimen. Lafarge no niega haber producido en su fábrica de Siria alrededor de 6 millones de toneladas de cemento y haber autorizado después las fuerzas especiales de la OTAN a utilizar esa instalación como cuartel general.
Lafarge no puede haber vendido todo ese cemento en las zonas bajo control de los yijadistas, donde no se realizaba ninguna construcción civil importante. Pero fue precisamente durante ese periodo que los yijadistas construyeron una línea de fortificaciones subterráneas que dividió Siria en dos hasta que la aviación rusa destruyó esas fortificaciones.
La verdadera cuestión es la siguiente: ¿Entregó Lafarge esos 6 millones de toneladas de cemento a los yijadistas por cuenta de Estados Unidos y la OTAN?
Los instructores se encaminan, por tanto, hacia la inculpación de la transnacional.
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