¿GUERRA ECONÓMICA O «GUERRA ABSOLUTA»?

Basándose en la Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump, Jean-Claude Paye aborda nuevamente la articulación de las políticas económica y militar de la Casa Blanca. El autor analiza la oposición entre dos paradigmas económicos: uno de ellos promueve la globalización del capital y cuenta con el apoyo del Partido Demócrata, el otro opta por la industrialización de Estados Unidos y es el que Donald Trump está tratando de aplicar, con apoyo de un sector de los republicanos. El primer paradigma conlleva a eliminar todo obstáculo recurriendo a la guerra. El segundo utiliza la amenaza de guerra para reequilibrar los intercambios en función de un punto de vista nacional.

En 2001, afirmando que se trataba de responder a los atentados del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush inicia una «larga guerra» contra el «Medio Oriente ampliado». Esa guerra prosigue hoy ―17 años después― en Siria y en Yemen. Su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, teoriza el concepto de guerra total, principalmente aboliendo la distinción entre «civiles» y «militares».

En nuestro texto anterior, «Imperialismo contra ultramperialismo», sosteníamos que, al desindustrializar el país, el superimperialismo estadounidense había debilitado el poderío de Estados Unidos como nación. El proyecto inicial de la administración Trump era proceder a una reconstrucción económica sobre una base proteccionista.

Dos bandos se enfrentan, el bando portador de una renovación económica de Estados Unidos y el que favorece una conflictividad militar cada vez más abierta, opción que parece impulsada principalmente por el Partido Demócrata. La lucha entre los demócratas y la mayoría de los republicanos puede interpretarse entonces como un conflicto entre dos tendencias del capitalismo estadounidense, la tendencia portadora de la globalización del capital y la que predica una reactivación del desarrollo industrial en un país en declive económico.

Para la administración Trump es prioritario el restablecimiento de la competitividad de la economía estadounidense. La voluntad de esta administración de instalar un nuevo proteccionismo debe verse como un acto político, como una ruptura en el proceso de globalización del capital, o sea como una decisión de excepción, en el sentido que explicó Carl Schmitt: «es soberano quien decide la situación excepcional». En este caso, la decisión aparece como un intento de romper con la norma de la transnacionalización del capital, como un acto de restablecimiento de la soberanía nacional estadounidense ante la estructura imperial organizada alrededor de Estados Unidos.

Carl Schmitt en una fotografía de grupo con compañeros de clase (1904)

Regreso de lo político
El intento de la administración Trump se plantea como una excepción ante la globalización del capitalismo. Se muestra como un intento de restablecer el predominio de lo político, por haber quedado demostrado que Estados Unidos ya no es la superpotencia económica y militar cuyos intereses se confunden con la internacionalización del capital.

El regreso de lo político se traduce primeramente en la voluntad de aplicar una política económica nacional, de fortalecer la actividad en territorio estadounidense gracias a una reforma fiscal destinada a reinstaurar los términos del intercambio entre Estados Unidos y sus competidores. Actualmente, esos términos se han degradado netamente en contra de Estados Unidos. El déficit comercial global de Estados Unidos llegó a 12,1% y se eleva a 566.000 millones de dólares. Al sustraer el excedente que el país obtiene en los servicios, para concentrarnos únicamente en los intercambios de bienes, el saldo negativo alcanza incluso 796.100 millones de dólares. Por supuesto, el déficit más impresionante se registra en el intercambio con China: en 2017 alcanzó el nivel record de 375.200 millones de dólares, sólo en bienes.

La lucha contra el déficit del comercio exterior sigue siendo un tema central en la política económica de la administración estadounidense.

Al haber rechazado el Congreso su reforma económica fundamental, la Border-adjustment tax, que debía promover una reactivación económica mediante una política proteccionista, la administración trata de reequilibrar los intercambios caso por caso, mediante acciones bilaterales, presionando a sus diferentes socios económicos, principalmente a China, para que reduzcan sus exportaciones hacia Estados Unidos y aumenten sus importaciones de mercancías estadounidenses. Para lograrlo, acaban de realizarse importantes negociaciones. El 20 de mayo, Washington y Pekín anunciaron un acuerdo destinado a reducir significativamente el déficit comercial de Estados Unidos en relación con China. La administración Trump reclamaba una reducción de 200.000 millones de dólares del excedente comercial chino y una fuerte reducción de los derechos de aduana. Trump había amenazado con imponer derechos de aduana por 150.000 millones de dólares a las importaciones de productos chinos y China tenía intenciones de responder gravando las exportaciones estadounidenses, principalmente la soja y el sector de la aeronáutica.

Oposición estratégica entre demócratas y republicanos
Globalmente, la oposición entre la mayoría del Partido Republicano y los demócratas reside en el antagonismo de dos visiones estratégicas diferentes, tanto en el plano económico como en el militar. Ambos aspectos están íntimamente vinculados.

Para la administración Trump la rectificación económica es un tema central. La cuestión militar se plantea en términos de respaldo a una política económica proteccionista, como momento táctico de una estrategia de desarrollo económico. Esta táctica consiste en desarrollar conflictos locales, destinados a frenar el desarrollo de las naciones competidoras, y a hacer fracasar proyectos globales contrarios a la estructura imperial estadounidense, como —por ejemplo— el de la Ruta de la Seda, una serie de «corredores» ferroviarios y marítimos que conectarían China con Europa, un proyecto que contaría con la participación de Rusia.

En esta táctica de la administración Trump, los niveles económico y militar están estrechamente vinculados, pero —al contrario de la posición de los demócratas— no se mezclan. La finalidad económica no se confunde con los medios militares desplegados. El redespliegue económico de la nación estadounidense es, en este caso, la condición que permite evitar, o al menos posponer, un conflicto global. La posibilidad de desencadenar una guerra total se convierte en un medio de presión destinado a imponer las nuevas condiciones estadounidenses de los términos del intercambio con los socios económicos. La alternativa que se ofrece a los competidores es permitir a Estados Unidos reconstituir sus capacidades ofensivas al nivel de las fuerzas productivas o verse implicado rápidamente en una guerra total.

La distinción, entre objetivos y medios, entre presente y futuro, desaparece en la acción de los demócratas. Esta mezcla los momentos estratégico y táctico. La fusión de esos dos aspectos es característica de la «guerra absoluta», de una guerra carente de todo control político, que obedece sólo a sus propias leyes, las del «ascenso a los extremos».

El 18 de febrero de 1943, Josef Goebbels proclama la «guerra total», en el Palacio de Deportes de Berlín. Ante los reveses militares, como la derrota de Estalingrado, todas las fuerzas de la nación alemana, sin excepción alguna, deben ponerse en función de derrotar el bolchevismo, portador de la dictadura judía.

¿Hacia una guerra «absoluta»?
La capacidad del Partido Demócrata para bloquear un redespegue interno en Estados Unidos tiene por consecuencia que si Estados Unidos renuncia a desarrollarse le quedaría como único objetivo el de impedir por todos los medios —incluyendo la guerra— que sus competidores y adversarios puedan hacerlo. Sin embargo, el escenario ya no es el de las guerras limitadas de los tiempos de Bush o de Obama, o sea el de una agresión contra potencias medias ya debilitadas —como Iraq— sino más bien el de la «guerra total», tal como la concibió el teórico alemán Carl Schmitt, o sea el de un conflicto que provoca una completa movilización de los recursos económicos y sociales del país, como los conflictos que abarcaron los periodos de 1914-1918 y de 1940-1945.

Pero la guerra total, debido a la existencia del arma nuclear, puede adquirir ahora una nueva dimensión, que corresponde a la noción —desarrollada por Clausewitz— de «guerra absoluta».

Carl von Clausewitz en un cuadro de Karl Wilhelm Wach

Según Clausewitz, la «guerra absoluta» es la guerra conforme a su concepto. Es la voluntad abstracta de destruir al enemigo, mientras que la «guerra real» es la lucha en su realización concreta y su utilización limitada de la violencia. Clausewitz oponía esas dos nociones ya que el «ascenso a los extremos», característico de la guerra absoluta, no podía pasar de ser una idea abstracta, utilizada como referencia para evaluar las guerras concretas. En el marco de un conflicto nuclear, la guerra real se hace conforme a su concepto. La «guerra absoluta» abandona su estatus de abstracción normativa para convertirse en una realidad concreta.

De esa manera, como categoría de una sociedad capitalista desarrollada, la abstracción de la guerra absoluta funciona concretamente, se transforma en una «abstracción real», o sea una abstracción que ya no pertenece sólo al proceso de pensamiento sino que resulta también del proceso real de la sociedad capitalista.

La «guerra absoluta» como «abstracción real»
Como señala el fenomenólogo marxista italiano Enzo Paci,

«la característica fundamental del capitalismo… reside en su tendencia a hacer existir categorías abstractas como categorías concretas».

 Es por eso que, en 1857, Marx ya escribía en sus Grundrisse (Elementos fundamentales para la crítica de la economía política) que

«las abstracciones más generales no nacen más que con el desarrollo concreto más rico».

Ese proceso de abstracción de lo real existe no sólo a través de las categorías de la «crítica de la economía política», tal y como las desarrolló Marx, como la de «trabajo abstracto» sino que trata sobre el conjunto de la evolución de la sociedad capitalista. La noción de «guerra absoluta» sale así, a través de las relaciones políticas y sociales contemporáneas, del terreno de la abstracción única del pensamiento para convertirse también en una categoría que adquiere una existencia real. Deja de tener sólo una función de horizonte teórico, como «concreción de pensamiento», para convertirse en un real concreto. La guerra absoluta deja de ser entonces un simple horizonte, un límite conceptual, para convertirse en un modo de existencia, en una forma posible, efectiva, de la hostilidad entre las naciones.

En un artículo de 1937, titulado «Enemigo total, guerra total y Estado total», Carl Schmitt ya sugiere que las evoluciones técnicas y políticas contemporáneas identifiquen la realidad de la guerra con la idea misma de la hostilidad. Esa identificación conduce a un ascenso de los antagonismos y culmina en el «impulso hacia el extremo» de la violencia. Eso quiere decir implícitamente que la «guerra real» entra entonces en conformidad con su concepto, que la «guerra absoluta» sale de su estatus de abstracción normativa para concretarse bajo la forma de «guerra total».

En ese momento se invierte la relación entre la guerra y la política. La guerra deja de ser, como explicaba Clausewitz, caracterizando con ello su propia época histórica, la más alta forma de la política y su culminación momentánea. Al convertirse en guerra absoluta, la guerra total escapa a todo cálculo político y al control del Estado. Ya no se somete más que a su propia lógica, «obedece sólo a su propia gramática», la del impulso hacia los extremos. O sea, después de iniciada, la guerra nuclear escapa al punto final que la decisión política pudiese ponerle, exactamente de la misma manera como la globalización del capital escapa al control del Estado nacional, de las organizaciones supranacionales y más generalmente a toda forma de regulación.

Para Donald Trump, las fuerzas armadas de Estados Unidos no están ahí para acabar con los Estados que —por decisión propia o por necesidad— optan por no participar en la globalización del capital. Estima que están más bien para amenazar a cualquier potencia que frene la reindustrialización estadounidense.

¿De la «guerra contra el terrorismo» a la «guerra absoluta»?
El 19 de enero de 2018, hablando en la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, el secretario de Defensa de la administración Trump, James Mattis, reveló una nueva estrategia de defensa nacional basada en la posibilidad de un enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos, Rusia y China. Mattis señaló que se trataba de un cambio histórico en relación con la estrategia en vigor desde hace más de 2 décadas, la estrategia de la guerra contra el terrorismo. Y precisó:

«La competencia entre las grandes potencias —no el terrorismo— es ahora el principal objetivo de la seguridad nacional estadounidense.»

Se entregó a la prensa un documento desclasificado de 11 páginas, donde se describe la Estrategia de Defensa Nacional en términos generales. Pero el Congreso recibió una versión confidencial, más larga, de ese documento, versión que incluye las proposiciones detalladas del Pentágono para un incremento masivo de los gastos militares. La Casa Blanca pide un incremento de 54.000 millones de dólares para el presupuesto militar y lo justifica con el hecho que «hoy estamos en un periodo de atrofia estratégica, conscientes del hecho que nuestra ventaja militar competitiva se ha desgastado». El documento prosigue de la siguiente manera: «La modernización de la fuerza de ataque nuclear implica el desarrollo de opciones capaces de contrarrestar las estrategias coercitivas de los competidores, basadas en la amenaza de recurrir a ataques estratégicos nucleares o no nucleares».

Para la administración Trump ha terminado la posguerra fría. Han quedado atrás los tiempos en que Estados Unidos podía desplegar sus fuerzas cuando quería, intervenir como quería. «Actualmente, todos los sectores están en disputa: el cielo, la tierra, el mar, el espacio y el ciberespacio».

«Guerra absoluta» o guerra económica
La posibilidad de una guerra de Estados Unidos contra Rusia y China, o sea del desencadenamiento de una guerra absoluta, es parte de las hipótesis estratégicas, tanto en la administración estadounidense como entre los analistas rusos y chinos. Esa facultad aparece como la matriz que subyace y hace legible la política exterior y las operaciones militares de esos países —por ejemplo, la extrema prudencia de Rusia, una contención que puede parecer indecisión o renuncia, en relación con las provocaciones estadounidenses en Siria. La dificultad de la posición rusa no procede tanto de sus propias divisiones internas, de la correlación de fuerzas entre la tendencia globalista y la tendencia nacionalista dentro de ese país, como de las divisiones internas existentes en Estados Unidos, una que es favorable a la guerra económica mientras que la otra puede llevar a la guerra nuclear. La articulación entre amenazas militares y nuevas negociaciones económicas son realmente dos aspectos de la nueva «política de defensa» estadounidense.

Sin embargo, Elbridge A. Colby, asistente del secretario de Defensa, ha afirmado que a pesar de que el discurso de Mattis subraya claramente la rivalidad con China y Rusia, la administración Trump quiere «seguir buscando zonas de cooperación con esas naciones». Colby decía:

«No se trata de una confrontación. Es una forma estratégica de reconocer la realidad de la competencia y la importancia del hecho que las cercas correctas mantienen la amistad».

Esa política, que predica el restablecimiento de fronteras, contradice frontalmente la visión imperial estadounidense. Muy bien resumida por el Washington Post, esa visión imperial plantea una alternativa: el mantenimiento de un Imperio estadounidense «garante de la paz mundial» o la guerra total.

Esta visión se opone al restablecimiento de hegemonías regionales, o sea al regreso a un mundo multipolar cuyo resultado —según dicen— «sería la próxima guerra mundial».

Fuente: http://www.voltairenet.org/article201435.html

En Estados Unidos, imperialismo contra ultra-imperialismo.

Ante el creciente poderío de la economía china, Estados Unidos está obligado a reaccionar para lograr sobrevivir. El proyecto de reforma fiscal de Donald Trump, tendiente a estimular la producción en suelo estadounidense, fue rechazado por el Congreso, que prefirió proteger las ganancias de las transnacionales. Es por eso que a la Casa Blanca no le queda ahora otra opción que sabotear las inversiones de Pekín a favor de la creación de nuevas vía comunicación y de la exportación global de los productos chinos.

La reforma fiscal estadounidense que se promulgó el 22 de diciembre de 2017 va en el mismo sentido que las anteriores: impone una redistribución de la riqueza hacia los ingresos más elevados. Los contribuyentes más ricos, o sea los que declaran ingresos superiores al medio millón de dólares ―un 1% de los contribuyentes estadounidenses―, dejarán de aportar al fisco 60.000 millones de dólares al año. Es lo mismo que dejará de aportar el 54% de los contribuyentes, los que ganan entre 100.000 y 20.000 dólares. Los que ganan entre medio millón y 100.000 dólares obtienen una reducción de impuestos que representa para el fisco 136.000 millones de menos. Esos grupos de contribuyentes son un 22,5% de la población estadounidense susceptible de pagar impuestos y son tan numerosos como los que ganan menos de 20.000 dólares, pero estos últimos sólo dejarán de pagar 2.200 millones, o sea un 0,15% del total que percibe el fisco.

En cuanto a las ganancias internacionales de las transnacionales, los impuestos estadounidenses se alinean con los procedimientos europeos. En lo adelante las transnacionales sólo pagarán impuestos sobre sus ingresos estadounidenses, no sobre sus ingresos mundiales. El objetivo es que, a la inversa de lo que sucedía antes, las transnacionales envíen esas ganancias al territorio estadounidense. Para evitar que las empresas estadounidenses escondan sus ganancias en paraísos fiscales, lo que disminuiría su aporte al fisco estadounidense, la ley adopta un modo de cálculo menos conservador al evaluar sus ganancias.

Un cambio en el sentido de la continuidad
La nueva ley palidece ante su modelo. Si bien en 1981 la reforma firmada por el entonces presidente Ronald Reagan se elevaba a un 2,9% del PIB, la de Donald Trump se limita al 1% del PIB. Al mismo tiempo, los 150.000 millones de dólares que vuelven cada año a las cajas fuertes de las empresas estadounidenses constituyen una suma mucho más modesta que los 312.000 millones de la American Taxplayer Relief Act, promulgada por Barack Obama en 2013 y que recibió la aprobación de republicanos y demócratas. Esa ley prolongaba las medidas ya adoptadas en 2004 por la administración de George Bush hijo. Existe, en efecto, un consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano a favor de la redistribución de la riqueza hacia los que más ganan, así como para reducir los impuestos que pagan las empresas.

La reforma de Trump sigue una tendencia de larga data, es parte de una política continua de reducción de los impuestos de las empresas, reformas aportadas indistintamente por republicanos y demócratas. En 1952, el impuesto sobre las empresas representaba un 32% de los ingresos federales y el impuesto sobre los ingresos un 42%. Desde entonces, el impuesto sobre las empresas se ha reducido constantemente y ya no representa más que un 9% de los impuestos federales, frente a un 47% en el caso del impuesto sobre los ingresos. Sin embargo, los demócratas hablan ahora de estafa fiscal y se opusieron resueltamente a la reforma. Su virulento rechazo es en realidad una operación de diversión: no tiene que ver con el contenido de la ley adoptada sino con el proyecto inicial de reforma fiscal, proyecto que había que parar a toda costa.

Abandono de una revolución fiscal
El proyecto de reforma fiscal, iniciado por congresistas republicanos en junio de 2016 y retomado por la administración Trump, preveía cambios radicales en el sistema fiscal destinado a las empresas, reduciendo el impuesto federal sobre las empresas, reforma que sí fue adoptada. Pero esa reducción no modifica el monto de lo que realmente pagan las empresas. Gracias a las exenciones fiscales, el impuesto efectivo se situaba alrededor de un 20%. Al suprimir muchas de esas exenciones fiscales o limitarlas, la nueva ley impone una tasa nominal que se acerca a la tasa real. De esa manera, al afectar ciertos privilegios fiscales, la nueva ley reinstaura mejores condiciones para la competencia entre las empresas.

Sin embargo, fue abandonada la parte fundamental de la Border-adjustment tax, que preveía una exoneración para las exportaciones de bienes y servicios desde Estados Unidos y gravaba las importaciones en un 20%. Contrariamente a las empresas que producen fuera de Estados Unidos, las empresas que trabajan en suelo estadounidense habrían sido exoneradas. Ese mecanismo es abiertamente proteccionista.

El objetivo era incrementar la actividad de las empresas estadounidenses en suelo estadounidense y redirigir las inversiones estadounidenses hacia el territorio nacional. Favorecer la producción interna con reducciones de impuestos debía permitir una reindustrialización del país, gracias al regreso, con pocos impuestos, de los 3,1 billones de dólares acumulados en el extranjero por las filiales de las transnacionales estadounidenses. Ese proyecto contradecía abiertamente el proceso de división internacional del trabajo y era coherente con las decisiones anteriores del presidente Trump de torpedear el Gran Mercado Transatlántico y el TLCAN.

Inflar la burbuja bursátil
La Border-adjustment tax, abandonada a mediados de 2017, dejó su lugar, a principios de octubre, a un proyecto de ley que pretendía gravar en un 20% las importaciones inter-grupos de las transnacionales extranjeras implantadas en suelo estadounidense, así como las importaciones de las filiales extranjeras de las transnacionales estadounidenses. No se trataba, esta vez, de gravar todas las importaciones sino sólo los flujos entre las unidades de un mismo grupo presente en Estados Unidos. El objetivo era evitar que un grupo pudiera reducir los impuestos sobre las ganancias que tendría que pagar en Estados Unidos mediante la compra de bienes intermedios producidos por sus propias filiales en el exterior, con lo cual desplazaría su producción fuera del territorio estadounidense. Ese gravamen sólo habría reportado al Tesoro 0,155 billones de dólares en un periodo de 10 años, o sea 10 veces menos que la Border-adjustment tax. Pero el objetivo no era tanto favorecer la recaudación de impuestos como incitar las empresas a producir en Estados Unidos.

Ese proyecto fue rechazado por los legisladores y fue reemplazado por una ley fiscal clásica que favorece los altos ingresos. Como en las reformas anteriores, los capitales repatriados, gracias a tasas ventajosas (8 a 15,5%), serán sólo transferencias de riqueza. Al no representar más posibilidades de inversiones irán, nuevamente, a inflar la burbuja bursátil. Tanto que, a finales de diciembre, 32 grandes empresas ya anunciaban compras de acciones ascendentes a un total de 90.000 millones de dólares. La repatriación de capitales, estimulada por la reforma fiscal, tendió a consolidar un alza espectacular, en un 25%, del índice Dow Jones durante el año 2017 o fue, al menos, un elemento desestimulador de las ventas de acciones en alza en un contexto bursátil ahora más inestable.

El presidente Donald Trump acaba de presentar un plan de 1,5 billones de dólares para reactivar la construcción y renovación de carreteras, puentes y aeropuertos. Ese plan encuentra problemas de financiamiento, al extremo que el presidente le asignaría sólo 0,2 billones del presupuesto federal mientras que el sector privado y los Estados aportarían la diferencia: 1,3 billones. La oposición de los demócratas impidió que ese proyecto pudiera financiarse con el aporte de la reforma fiscal.

¿Guerra mundial o desarrollo económico?
La lucha entre demócratas y republicanos puede interpretarse como un conflicto entre dos tendencias del capitalismo estadounidense: una que defiende la globalización del capital mientras que la otra predica una recuperación del desarrollo industrial de un país económicamente en declive. Estados Unidos era el motor y el principal beneficiario político de la internacionalización del capital. Ante el derrumbe de la URSS y el subdesarrollo de China, Estados Unidos fue durante 20 años la única superpotencia, un superimperialismo que organizaba el mundo en beneficio propio. El avance de China y la reconstitución política de Rusia quebraron la omnipotencia económica y política de Estados Unidos.

La constatación de ese hecho conllevó al surgimiento en Estados Unidos de una contradicción interna sobre qué hacer ante esa realidad: huir hacia adelante liberalizando el intercambio u optar por el proteccionismo. Ese problema no es nuevo y ya fue planteado hace más de un siglo por el economista austriaco Rudolf Hilferding. En su libro El capital financiero, Hilferding constataba, en 1910, que

«No fue Inglaterra, ―el país del libre comercio― sino los proteccionistas, Alemania y Estados Unidos, los que se convirtieron en modelos del desarrollo capitalista».

 Hilferding y su mujer en Viena, en 1928

Hemos llegado ahora a una situación similar. En 1910, el país imperialista dominante, Inglaterra, perdía terreno ante las potencias económicas en ascenso. Hoy es Estados Unidos el que ve cuestionada su supremacía económica, principalmente por parte de China. Gran Bretaña había renunciado a ser la potencia dominante, poniéndose bajo la «protección» de Estados Unidos. Ese escenario deja de ser válido en las relaciones futuras entre Estados Unidos y China, aliada de Rusia.

Quedan entonces dos posibilidades: una renovación económica de Estados Unidos, basada en el proteccionismo, como lo plantean un sector de los republicanos; o una conflictividad militar cada vez más abierta, opción que parece respaldar el Partido Demócrata.

Imperialismo contra ultraimperialismo
La lucha que acaba de tener lugar entre una parte de los republicanos y los demócratas puede verse entonces como un conflicto entre el imperialismo estadounidense y el superimperialismo, también estadounidense.

Los conceptos desarrollados a principios del siglo XX, durante la oposición entre Lenin y Kautsky, cobran así nueva actualidad. Kautsky consideraba que después de la guerra de 1914-1918 debía producirse un periodo, de desarrollo del sistema capitalista, caracterizado por el apaciaguamiento de las contradicciones entre los Estados y los diferentes grupos imperialistas, periodo que caracteriza como «ultraimperialista». Kautsky consideraba que

«de la guerra mundial entre las potencias imperialistas puede nacer una alianza entre las mayores potencias que pondrá fin a la carrera armamentista».

La historia se encargó de desmentir esa tesis. Nunca cesaron los conflictos y hubo una 2GM. Pero un equilibrio de fuerzas entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, impidió entonces un incremento extremo de las diferentes formas de guerra en las que estaban implicadas.

Ese equilibrio perduró hasta principios de los años 1990. Desde entonces, como consecuencia del derrumbe de la URSS y de la situación de subdesarrollo de China, Estados Unidos fue durante 20 años la única superpotencia, un superimperialismo que organizaba y destruía el mundo en función de sus intereses. El ascenso de China y la recuperación de Rusia han puesto fin a la omnipotencia económica y militar de Estados Unidos. La guerra en Siria es un ejemplo del freno que ha encontrado el despliegue del poderío militar estadounidense.

Al desindustrializar el país, el superimperialismo estadounidense también ha debilitado el poder de Estados Unidos como nación. El proyecto inicial de la administración Trump era proceder a una reconstrucción económica. Los discursos de Trump sobre una posible salida de la OTAN, una reducción de las intervenciones militares de Estados Unidos en el exterior, así como su oposición a una nueva guerra fría contra Rusia iban también en el sentido de aquel objetivo, que la oposición de los demócratas le ha impedido alcanzar.

La consecuencia del éxito de los demócratas en ese sentido es que, si Estados Unidos renuncia a desarrollarse, el único objetivo que le queda es impedir ―por todos los medios― que sus competidores y adversarios puedan hacerlo.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article201365.html

EL FIN DEL SISTEMA DE PARTIDOS

La candidatura de Emmanuel Macron a la presidencia de Francia no busca crear un nuevo partido, algo como los demócratas ante los republicanos, como en Estados Unidos. Lo que se busca es más bien crear lo que pudiéramos llamar un «movimientismo» sin objetivos definidos pero que permita preservar los intereses de la clase dirigente. El partido francés de nueva creación, En marche!, trata de que los electores «marchen» hacia la disolución de la República Francesa en la globalización consumista.

Emmanuel Macron o la «revolución» del agua tibia

La declaración de Emmanuel Macron presentándose como el candidato «antisistema» sorprendió a los franceses dado que Macron fue secretario general adjunto de la presidencia de la República, en 2012, y posteriormente ministro de Economía, Industria y Sector Numérico en el gobierno de Manuel Valls, en 2014. Y si dimitió de ese cargo de ministro fue sólo para poder actuar libremente y presentarse como candidato en la elección presidencial.

Esta auto-designación de Macron nos dice algo muy importante sobre la evolución de la estructura política. Es evidente que Macron se separa del régimen de los partidos políticos como modo de gobierno del país. Pero la adopción de esa posición hacia los partidos ya constituidos no lo convierte en candidato antisistema porque el «sistema» que se instala no es ya un sistema de partidos sino una forma de gobierno político directo ejercida sobre los Estados nacionales por los actores políticos dominantes y las estructuras políticas internacionales.

Lo cierto es que la intervención de lo que ha dado en llamarse «antisistema» se impone cada vez más en el desarrollo de las elecciones francesas. Se repite el escenario que inició François Hollande: una candidatura que al principio parece prematura y la posterior eliminación de su competidor, Dominique Strauss-Kahn, frente al cual [Hollande] no habría tenido ninguna posibilidad de ganar.

En el caso actual es el candidato de la derecha, Francois Fillon —inicialmente gran favorito a la elección presidencial— quien ve su enorme éxito súbitamente afectado por un escándalo desatado a partir de un caso de empleo presuntamente ficticio que duró décadas y que al parecer acaba de descubrirse ahora.

Tanto en este último caso como en el de Strauss-Kahn, las intervenciones de último minuto destinadas a defender la moral y las buenas costumbres —liquidando de paso al político— vuelven a poner en posición ventajosa a candidatos que no tienen ninguna intención de separarse ni un pelo de la política imperial. Los que se benefician con esos hechos aparentemente fortuitos son precisamente los candidatos más maleables. En el caso de Macron se trata incluso de un candidato perfectamente «líquido», enteramente fabricado por los medios. El «antisistema» se ve así, ante todo, como una re-estructuración, realizada desde arriba, de la representación política.

Liquidación programada 

del Partido Socialista

El posicionamiento de Macron como candidato es parte de una fuerte tendencia, especialmente visible en el seno del Partido Socialista [de Francia] (PS): la tendencia a la auto-implosión. La candidatura de Macron, planteada desde el exterior de ese partido es sólo la más reciente de una serie de hechos que evidencian una voluntad interna de liquidación de esa formación política. El propio François Hollande ya decía en 2015:

«Hace falta un acto de liquidación. Hace falta un harakiri. Hay que liquidar el PS para crear el partido del Progreso».

El primer ministro Manuel Valls también se presentó como partidario de un «frente republicano», de una fusión de listas electorales al nivel de las primarias en las circunscripciones donde el Frente Nacional tuviese posibilidades de ganar. No es por tanto sorprendente su última declaración de que votaría por Emmanuel Macron para cerrarle el camino a la extrema derecha.

Como invitado de Matteo Renzi en la Festa de l’Unita, Manuel Valls declaró también: «No hay alternativa del lado de la izquierda. La única otra posibilidad es el Frente Nacional. Eso es lo único que deben tener en mente todos los socialistas». Y, ante las cámaras de BFM TV dijo: «Cada cual tiene que decirse a sí mismo: ¿Hay una política alternativa a lo que hacemos? Sí, la hay, es lo que propone la extrema derecha».

La organización de la legitimación [de Macron] se basa en la demonización de un partido político: el Frente Nacional, que sin embargo se ha convertido en un partido similar a los demás desde su aggiornamento como partido fascista al de órgano del «mejor de los mundos». El programa ha dejado de tener importancia. Sólo cuenta la capacidad, autoproclamada y autentificada por los medios, de impedir que el Frente Nacional llegue al poder. Macron se inscribe en esa línea política, constituye su apogeo. Esta hipostasia le garantiza su legitimidad y resta toda credibilidad a cualquier otra candidatura.

El fin del sistema de los partidos

La tendencia a la desaparición del sistema de los partidos, especialmente evidente en lo que concierne al PS, puede verse también del lado del partido republicano, aunque el proceso de descomposición parece allí menos avanzado y ha necesitado ayuda externa, a través del oportuno «escándalo» Fillon. A pesar de todo, es un proceso ya bastante adelantado, como lo demuestra el sistema de «primarias».

Ya no son los militantes de un partido quienes designan al candidato de su formación política. Cualquiera puede participar en ese proceso, incluso los miembros de un partido adversario. El designado ya no es candidato de un partido sino un candidato del conjunto de los franceses, incluyendo a sus propios adversarios. Ya no son las organizaciones las que se enfrentan sino simples personalidades, que ni siquiera defienden un programa sino que sólo cuentan con una imagen fabricada por los medios de difusión. Del enfrentamiento de ideas pasamos a la competición de las imágenes.

Nos encontramos ante una nueva configuración de la «escena política», del espacio de la representación política. Pasamos de un sistema organizado alrededor de un partido de masas dominante o de una estructura binaria de dos organizaciones «alternativas», izquierda y derecha, a un modo de gobierno que abandona ese sistema y que, tanto en los hechos como en materia de lenguaje, rechaza la política.

Una crisis de representación partidaria no es un fenómeno único en el paisaje político francés. Existen varias referencias históricas, como la del bonapartismo que instauró el Segundo Imperio o, más recientemente, la creación de la Quinta República, en 1958, por el general De Gaulle. Pero el problema actual es diferente. Los dos ejemplos que acabamos de citar tienen que ver con algo que forzó esa situación por causas externas ante el aparato legislativo. Hoy en día lo que estamos viendo es un proceso interno de auto desmantelamiento del conjunto de la estructura del Estado.

Si bien la crisis de representatividad de los partidos condujo en el pasado a un eficaz fortalecimiento del Ejecutivo, hoy en día el aumento de sus prerrogativas conduce a un acrecentamiento puramente formal de poder porque [el Ejecutivo] ya no trabaja por su cuenta sino para organizaciones supranacionales, para estructuras que fungen como intermediarias del Imperio, como la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OTAN. El aparato ejecutivo nacional, en su constante violación de las prerrogativas del Parlamento, aparece como un simple repetidor. En esas circunstancias, ya no basta con hablar de crisis de representatividad de los partidos políticos. Ya no se trata de un hecho vinculado a una coyuntura política particular sino de un acontecimiento de tipo estructural.

Supremacía de la imagen

El fenómeno de la candidatura Macron es revelador de una mutación en el ejercicio del poder del Estado, que es el final de toda mediación con la sociedad civil. Los diferentes lobbys toman el lugar de los partidos. Las grandes empresas tienen la capacidad de defender directamente sus propios intereses en contra de la gran mayoría de la población, sin que la decisión tomada tenga que asumir la apariencia de una defensa del interés colectivo.

En otras palabras, la clase económica y políticamente dominante se convierte también en clase reinante, en la clase que ocupa la primera línea del «escenario político», del espacio de legitimación. La clase dominante maneja directamente sus intereses y promueve abiertamente a sus candidatos. El proceso de legitimación de este procedimiento ya no tiene nada que ver con la representación sino con el marketing ya que la escena política se confunde con la de los medios.

La candidatura Macron es entonces el síntoma de una sociedad capitalista avanzada, donde las relaciones sociales se han transformado por completo en relaciones entre cosas, entre mercancías. Las divergencias que expresan los diferentes candidatos se reducen a una competencia en materia de imágenes, a la competencia entre mercancías. Macron se sitúa así fuera del lenguaje. Cada cual puede entender lo que quiera en lo que dice Macron. Ni siquiera nos pide que estemos de acuerdo con su discurso sino que miremos su imagen y la adoptemos.

Ya no hay espacio para la política y el enfrentamiento entre puntos de vista divergentes sino una renuncia a la vida privada y pública para adaptarse a los constantes cambios de las relaciones de producción y el incremento de la fluidez de las fuerzas productivas, o sea a las exigencias, cada vez mayores, de la rentabilidad del capital.

En marche! nos lleva hacia una 

«sociedad moderna líquida»

Como un inventario al estilo de Prévert no constituye un programa, nada queda precisado. En nombre de la necesaria adaptación a la «modernidad», se promueve la propensión a aceptarlo todo, a renunciar a todo progreso social. Se abren así todas las expectativas a los promotores de esta nueva situación ya que no se define a priori ningún límite a sus futuras exigencias.

Macron se inscribe en una ideología de la «sociedad moderna líquida», como la entendió el sociólogo Zygmunt Bauman, la sociedad del cambio permanente para adaptarse a la fluidez de las cosas. La ausencia de coherencia interna del «programa» se presenta así como algo positivo, como una posibilidad de constante adaptabilidad, como una fluidez a priori preexistente en la conciencia de las cosas, que debe permitir integrar cualquier mutación.

Realizada bajo el mandato de Hollande, la reforma del Código Laboral es la condición previa para concretar la adaptabilidad permanente de los trabajadores a las exigencias de los patrones. Emmanuel Macron no sólo se inscribe en la continuidad de la acción del presidente saliente sino que incluso la magnifica, dándole con ello su verdadera dimensión, la de «sociedad líquida», que se caracteriza por la ausencia de proyectos precisos y por gobernar pragmáticamente.

Esa manera de gobernar sólo puede reservar todavía más espacio a los «expertos», reforzando la tendencia ya extremadamente fuerte a manejar los asuntos públicos mediante decretos y al empleo del artículo 49-3 de la Constitución francesa, ya ampliamente utilizado bajo la presidencia de Hollande.

De hecho, no hay alternativa, lo supuestamente situado «fuera del sistema» se limita a una reclamada capacidad de adaptabilidad a toda mutación social, sea cual sea esa mutación. La fluidez se refleja en el nombre mismo de su movimiento, «En marche!», una orden que ni siquiera precisa a quién se dirige pero que en todo caso nos advierte que tenemos que renunciar a toda forma de resistencia ante la máquina económico-política.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article196078.html#nh2

BÉLGICA: ESTADO DE EXCEPCIÓN SIN ESTADO DE EMERGENCIA...

Poco a poco, todos los Estados miembros de la Unión Europea van adoptando alguna forma de estado de excepción, lo que justifican con la lucha contra el terrorismo. Después de demostrar en anteriores artículos la total ineficacia de esa medida, Jean-Claude Paye analiza aquí la subjetivación del derecho, que ya no reprimirá solamente los hechos cometidos sino supuestas intenciones.

El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, ante la Cámara de Representantes

La «lucha contra el terrorismo» está modificando constantemente el entorno jurídico. En Bélgica, la Cámara acaba de adoptar, el 1º de diciembre y ante la indiferencia general, la ley que «modifica el Código Penal en materia de represión del terrorismo», una legislación que acentúa fuertemente la subjetivación del derecho. Al separar la incriminación de la materialización del acto, las legislaciones antiterroristas constituyen una ruptura en la escritura del derecho penal. Ya se trata no tanto de reaccionar contra los hechos como de castigar intenciones. Toda la evolución legislativa consistirá en hacer cada vez más abstracto lo que realmente se castiga bajo la acusación de terrorismo, su carácter intencional, en convertirlo en algo de por sí separado de la realidad de los hechos. Es desde esa perspectiva de creación de incriminaciones políticas que debemos leer las sucesivas nociones de participación, preparación o incitación «indirecta» al terrorismo, tanto en Bélgica como en cualquier otro país de la Unión Europea.

Los días 13 y 15 de diciembre de 2016, la Asamblea Nacional y el Senado de Francia adoptaron la ley que prolonga el estado de emergencia hasta el 15 de julio de 2017. Este régimen de excepción se ha mantenido en vigor desde los atentados del 13 de noviembre de 2015 y ya ha sido prorrogado 4 veces.

Si bien pudiera decirse que Francia se halla bajo un estado de emergencia que se ha hecho permanente, lo cierto es que la Constitución de Bélgica no contempla nada que se parezca al estado de emergencia, como sí existe en la ley francesa de 1955. El artículo 187 de la Ley Fundamental de Bélgica estipula, por el contrario que «la Constitución no puede suspenderse, ni total ni parcialmente». La Ley Fundamental de Bélgica sólo prevé el «estado de guerra», en su artículo 167.

Disposiciones de estado de excepción

Sin embargo, después de los atentados en Francia y en Bélgica, el gobierno belga adoptó disposiciones propias de un estado de excepción. En enero de 2015 se dieron a conocer 12 medidas y en noviembre del mismo año se anunciaron otras 18, como la retirada de documentos de identidad a las personas que representan «un riesgo para el orden público o la seguridad», la posibilidad de efectuar registros, de día o de noche, ante infracciones terroristas o la imposición del porte de un brazalete electrónico a las personas fichadas por los servicios de análisis de amenazas. Los registros nocturnos fueron posteriormente legalizados con la ley del 27 de abril de 2016. Dichos registros están ahora autorizados en caso de asociación para delinquir o en caso de organización criminal, si existen «indicios serios de posesión de armas prohibidas».

Esa ley crea también la base jurídica para una centralización de los bancos de datos de los servicios de policía y de inteligencia sobre los combatientes terroristas extranjeros que son o han sido residentes en Bélgica. Pero esta lista puede seguir extendiéndose ya que depende de la subjetividad de los operadores y de las intenciones que se atribuyan a las personas afectadas. Así que también incluirá datos sobre las personas que, «voluntariamente o no», se hayan visto impedidas de viajar a la zona de conflicto o que tienen «intención» de hacerlo y de otras personas que no reúnen esas condiciones pero sobre las cuales «existen indicios de que pudieran ser consideradas» combatientes terroristas extranjeros.

La diferencia entre Francia y Bélgica se mide en número de registros y arrestos domiciliarios, proporcionalmente mucho más importante en Francia, y en el carácter administrativo de las medidas. Es también en términos de reducción de las libertades públicas que puede notarse la implantación de un estado de emergencia, al permitir este la frecuente prohibición de manifestaciones y concentraciones en la vía pública.

Salida al extranjero «con fines terroristas»

En materia de acción contra las libertades privadas, se ha visto en Bélgica un frenesí legislativo que puede, en ciertos casos, sobrepasar incluso el modelo francés. Presentada como una disposición tendiente a enfrentar atentados como los de Charlie-Hebdo [el semanario humorístico atacado] en París y relacionada con las medidas antiterroristas de enero de 2015, la ley del 20 de julio de 2015 incrimina los desplazamientos al extranjero y el regreso a Bélgica «con fines terroristas». Esa ley modifica además las reglas de pérdida de la nacionalidad, en caso de condena por infracción terrorista.

Se inserta así en el Código Penal un nuevo comportamiento terrorista: el desplazamiento al extranjero y regreso a Bélgica para cometer una infracción terrorista. Por otro lado, ahora se autorizan las escuchas telefónicas, durante el proceso de instrucción, para ese tipo de delito. Y, finalmente, todas las infracciones «terroristas» pueden ahora llevar a la pérdida de la nacionalidad. Esos comportamientos se castigarán independientemente de la realización o no del acto mismo ya que el objetivo supuestamente sería «prevenir un resultado dañino». La legislación no se limita a actuar contra las organizaciones terroristas sino que también persigue a los «lobos solitarios», o sea personas que supuestamente actuarían de forma aislada, manteniéndose vinculadas al «terrorismo internacional» de manera virtual.

La posibilidad otorgada al juez de despojar a alguien de la nacionalidad belga se extiende ahora a todas las infracciones terroristas previstas en el Código Penal, en caso de que la persona sea condenada, como autor, coautor o cómplice, al menos a 5 años sin derecho a suspensión de pena. Se exceptúan solamente los casos en los que la pérdida de la nacionalidad convertiría al reo en apátrida.

Incitación «indirecta» al terrorismo

Viene después la ley del 3 de agosto de 2016 «sobre las diversas disposiciones en materia de lucha contra el terrorismo» que convierte en delito punible la incitación al desplazamiento al extranjero «con fines terroristas», así como el reclutamiento para viajar al extranjero o para volver a Bélgica «con fines de terrorismo». Anteriormente, sólo se perseguían la incitación o el reclutamiento para realizar un «atentado terrorista»

Lo más importante es que esta ley suprime uno de los elementos constitutivos de la infracción existente, o sea la condición de que «el comportamiento que promueve, directamente o no, la comisión de infracciones terroristas cree el peligro de que se lleguen a cometer una o varias de esas infracciones». Esta formulación, que forma parte de la ley de 2013, proviene de la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención del Terrorismo. El lector notará que este elemento constitutivo de la infracción tampoco aparece mencionado en la infracción de «incitación pública al terrorismo», que forma parte del Código Penal francés.

La ley del 3 de agosto de 2016 modifica profundamente la incriminación por incitación al terrorismo, que aparece en la ley del 18 de febrero de 2013. Esta ley apuntaba contra el hecho de difundir o de poner a la disposición del público un mensaje con intención de incitar, «directa o indirectamente», a la comisión de una infracción terrorista. La incriminación por incitación indirecta permite castigar el escrito o la palabra pronunciada aparte de la realización misma del acto.

Esta posibilidad, que aparece con la ley de 2013, había sido rechazada anteriormente —a inicios de 2008— por los parlamentarios belgas, tanto por los de la mayoría como por los de la oposición, durante un control de la subsidiaridad de la proposición de Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo de la Unión Europea que impone que se persiga la incitación al terrorismo. Sin embargo, el texto adoptado en 2013 no se diferencia en nada del que fue rechazado en 2008. El cambio de actitud del poder legislativo es sintomático del camino que ha recorrido, en pocos años, el proceso de abandono de las libertades fundamentales.

En el marco de la ley de 2013, la incitación directa al terrorismo ya era una incriminación especialmente imprecisa, violatoria del principio de legalidad. El magistrado tiene que especular sobre las intenciones disimuladas del autor, así como sobre la sensibilidad subjetiva de quienes reciben o pueden recibir el mensaje. El juez tiene también que decidir si la difusión del mensaje «crea el riesgo» de que llegue a cometerse una infracción terrorista, aunque no llegue a cometerse en la práctica. Se trata, por ende, de un factor puramente subjetivo que no tiene que enfrentarse a ninguna forma de objetivación.

De la incitación al terrorismo al delito de opinión

Paradójicamente, la ley de 2016, elimina esta calificación. La noción de riesgo deja ahora de ser necesaria para calificar un discurso o un escrito como incitación indirecta al terrorismo, reforzando así la posibilidad de crear un puro delito de opinión.

Al igual que su modelo —la ley francesa sobre la incitación pública al terrorismo— el nuevo proyecto de ley [belga] viola la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención del Terrorismo. Esta última es especialmente explícita:

«Para evaluar si tal riesgo es engendrado, hay que tomar en consideración la naturaleza del autor y del destinatario del mensaje, el contexto del autor y del destinatario del mensaje, así como el contexto en que se comete la infracción…» 

El discurso o el escrito en cuestión se ven así criminalizados, aunque no conduzcan ni constituyan ningún peligro de realización de algún acto terrorista. Esa incriminación podría, por ejemplo, abrir la puerta a represalias contra un desacuerdo radical con la política exterior de Bélgica, o contra un discurso o escritos de estímulo a la población siria para que se defienda ante los bombardeos de la OTAN sobre su territorio

La comisión de esta infracción siempre requiere un dolo específico, como precisa el uso de los términos «con intención de incitar directa o indirectamente a la comisión de una infracción terrorista». Nuevamente se valoriza el factor subjetivo, en detrimento de todo elemento objetivo.

La «participación» en un delito terrorista

Prosigue el proceso de subjetivación del derecho penal. La Cámara acaba de adoptar, el 1º de diciembre de 2016, el proyecto de ley «que modifica el Código Penal en materia de represión del terrorismo». Este texto modifica la noción de participación en una organización terrorista. Esta última incriminación, introducida por la ley del 19 de diciembre de 2003, castiga a «toda persona que participe en una actividad de un grupo terrorista […] a sabiendas de que esa participación contribuye a la comisión de un crimen o de un delito del grupo terrorista». La ley de 2016 sustituye las palabras «a sabiendas» y el verbo «contribuye» por «pudiera contribuir». Eso amplía considerablemente la incriminación. Se crea una noción de conocimiento potencial que reemplaza al hecho real de saber. Todo dependerá de un poder muy amplio de apreciación otorgado al juez.

Ese tipo de incriminación se opone a la seguridad jurídica que exige que, para que un acto sea punible, el autor tiene que ser capaz de saber, en el momento en que actúa, que ese acto constituye una infracción. La ley sugiere así que más vale abstenerse de cualquier acto de solidaridad hacia los pueblos que contradicen, en el terreno, la política internacional de Bélgica.

Los parlamentarios acaban de aceptar lo que antes habían rechazado. No está de más recordar que, durante los trabajos parlamentarios alrededor de la ley del 10 de enero de 1999 «sobre las organizaciones criminales» —una legislación que anticipa las leyes antiterroristas—, las palabras «o debe saber» fueron eliminadas del artículo que criminaliza la participación en ciertas actividades de la organización criminal. Durante la discusión se indicó entonces que «se invertía así la carga de la prueba», que se corría el peligro de poner en manos del juez un margen de apreciación demasiado amplio, conduciéndolo a deducir la culpabilidad de un sospechoso in abstracto, sin referencia con lo que ha vivido.

La «preparación» de un delito terrorista

La ley de diciembre de 2016 prevé también que se persigan los actos preparatorios de una infracción terrorista, actos que consisten en «facilitar y hacer posible» la ejecución de la acción pero que «no constituyen actos materiales de dicha infracción». La exposición de los motivos precisa que los actos preparatorios deben distinguirse de la tentativa. Incriminar los primeros permitiría intervenir antes de que la infracción llegue a cometerse, durante la fase preparatoria del acto. El intento, en cambio, se caracteriza por la manifestación de acciones exteriores que conforman un inicio de ejecución del delito.

Contrariamente al intento, que abarca actos materiales, lo esencial de la noción de preparación de una infracción terrorista se basa en un elemento subjetivo, que es la intención que se atribuye al acusado. Esta incriminación puede abarcar así actos que no son ilegales pero que se convierten en constitutivos de una infracción al ser vinculados a una «intención» de cometer un acto terrorista.

El gobierno belga se ha inspirado en las legislaciones de Francia y Alemania. Pero estas prevén una lista de comportamientos que deben ser considerados como actos preparatorios. Hay que observar que la ley francesa exige la combinación de un acto preparatorio (el hecho de estar en posesión, de buscar, de procurarse o de fabricar objetos o sustancias que crean un peligro para los demás) con otro factor (por ejemplo: recoger información sobre lugares para la realización de una acción). Pero esa solución no se aceptó porque fue considerada «demasiado restrictiva». En Bélgica, es el factor subjetivo, la intención criminal que se atribuye al autor, lo que permitirá decidir si el acto en cuestión es ilegal, sin tratar, contrariamente a lo que se hace en Francia, de dar un carácter un poco más objetivo a la incriminación de los actos preparatorios.

La subjetivación del derecho penal belga puede, en ciertos casos, ir más lejos que su modelo francés. Su ataque contra las libertades privadas es por ello al menos tan constante como el del modelo francés. En materia de desmantelamiento de las libertades públicas, Francia sólo se mantiene por delante de Bélgica por haber instaurado un estado de emergencia que se ha hecho permanente.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article194806.html

LOS PLENOS PODERES DEL PRESIDENTE DE EE.UU.

La función de Presidente de los Estados Unidos ha evolucionado considerablemente desde la elección de George Bush padre. Hasta entonces, el Presidente se encargaba principalmente de nombrar 40.000 altos funcionarios. Hoy en día, el Presidente utiliza el poder ejecutivo sin rendir cuentas a nadie. Al promulgar nuevas leyes, el Presidente tiene la posibilidad de modificarlas en el sentido que mejor le parezca. Además, la «teoría del ejecutivo unificado» cohíbe al Congreso en cuanto a cuestionar las decisiones del «comandante en jefe». El papel del Congreso se limita ahora a votar el presupuesto federal.

Las recientes elecciones estadounidenses, cuyo resultado sorprendió a la mayoría de los observadores, ofrecen una buena ocasión para recordar de qué poderes dispone realmente el Presidente de Estados Unidos. Como consecuencia de esa elección, con resultado contrario a lo que esperaban, numerosos «analistas» —que habían hecho campaña contra Donald Trump— tratan ahora de tranquilizarse afirmando que las prerrogativas del Presidente de Estados Unidos están estrictamente limitadas por la Constitución y que, por ende, este no dispone «todos los poderes». Esta idea de que en Estados Unidos existe una rigurosa separación de poderes podría basarse en el hecho que, contrariamente a los miembros de la Unión Europea, al Congreso estadounidense goza de gran reconocimiento en el plano formal.

VALORIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL 
PODER LEGISLATIVO ESTADOUNIDENSE

Al contrario de lo que sucede en los países miembros de la Unión Europea, en Estados Unidos se otorga mucha más importancia a la institución parlamentaria. Por ejemplo, los miembros del Congreso pueden verse directamente asociados a las negociaciones de acuerdos comerciales de alcance internacional. A la inversa, los Parlamentos nacionales europeos y el Parlamento de la Unión Europea sólo intervienen en la fase final de la conclusión de acuerdos como el CETA, intervención que se limita a la ratificación. Por cierto, esta última prerrogativa ni siquiera estaba prevista sino que es un intento de dar alguna legitimidad a un acuerdo que encuentra gran oposición y sólo surge en julio de 2016, o sea al cabo de 4 años de negociación, de un cambio de estatuto de ese acuerdo, que pasa de ser un simple acuerdo comercial a convertirse en un acuerdo mixto.

Un ejemplo en el campo de la cooperación en materia penal permite comprender la diferencia entre el Congreso de Estados Unidos y los Parlamentos de los países miembros de la Unión Europea. Los acuerdos de extradición firmados en 2003 entre la Unión Europea y Estados Unidos fueron negociados de forma totalmente autónoma por la Oficina Europea de Policía, sin pedir la opinión del Parlamento Europeo ni la ratificación de los Parlamentos nacionales de los miembros de la Unión. Las negociaciones se desarrollaron de forma totalmente secreta y si la ciudadanía europea pudo finalmente llegar a conocer este texto fue porque hubo que desclasificar parte del documento… para que lo firmara el Congreso de Estados Unidos.

Recordemos también que las disposiciones provisionales del Acta Patriótica tienen ritualmente que ser sometidas a renovación, cada 4 años, ante el Congreso de Estados Unidos, aunque esa renovación se reduzca a dos medidas… las otras ya son de carácter permanente.

DEVALUACIÓN PERMANENTE DE 
LOS PARLAMENTOS EUROPEOS

Los Estados miembros de la Unión Europea, por el contrario, han emprendido un proceso de devaluación sistemática de sus instituciones parlamentarias. Al nivel del proceso legislativo nacional, el gobierno busca constantemente la manera de imponer su voluntad al Parlamento.

En Francia, el ejecutivo puede recurrir al procedimiento acelerado, que le permite reducir el proceso de debate parlamentario imponiendo una sola presentación ante cada Cámara.

También en Francia, y de manera aún más radical, el gobierno puede recurrir al artículo 49, acápite 3, de la Constitución para forzar la adopción de una ley sin pasar por el voto del Parlamento. Este procedimiento ha sido utilizado 85 veces desde 1958 y el actual gobierno del primer ministro Manuel Valls ya ha recurrido a él 5 veces.

Estos procedimientos, que permiten a los gobiernos saltarse la aprobación de los Parlamentos o evitar el debate parlamentario, son utilizados sin que el poder legislativo dé la más mínima muestra de resistencia. El objetivo del gobierno no es entonces imponerse a una oposición sino demostrar —no a los parlamentarios, ya aceptados desde hace tiempo como simples comparsas en lo que no pasa de ser un juego tendiente a legitimar decisiones ya tomadas por otros— a los pueblos que, como dijera hace años el propio Boris Yeltsin: «Un buen Parlamento es un Parlamento que vota las leyes y no hace política».

El objetivo es lograr que los ciudadanos acepten que la estructura del Estado nacional ha dejado de ser un marco de toma de decisiones para convertirse en un marco de ratificación de políticas que emanan de la superpotencia estadounidense y de sus organizaciones internacionales. La exhibición y ritualización de la sumisión de los Parlamentos a las órdenes del Ejecutivo y de las instancias internacionales conforman una imagen a la que los pueblos están invitados a someterse.

UNA IMAGEN DE PODERÍO, 
ADAPTADA A LA ESTRUCTURA IMPERIAL

Contrariamente a los Estados del Viejo Continente, la institución parlamentaria estadounidense se halla constantemente bajo las luces de la prensa. Su papel es servir de icono de la soberanía estadounidense, pero esa imagen se proyecta también, y sobre todo, hacia el exterior.

El objetivo es, en primer lugar, indicar a los Estados subalternos que Estados Unidos es el único Estado en todo el sentido de ese término, que conserva una estructura intacta, garante de un poder soberano fundamental, el poder de la «nación americana», al que los demás países tienen que someterse. Esto explica por qué, contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones europeas, el Congreso de Estados Unidos mantiene un papel formal de institución a cuyo control sería imposible escapar.

La particularidad estadounidense sería entonces resultado del carácter excepcional de sus instituciones, dado el hecho que no estarían formalmente sometidas a las reformas que Estados Unidos viene imponiendo a los demás países, como la liquidación del poder judicial y el debilitamiento de los Parlamentos. Para imponer su mando en el seno de la estructura imperial, Estados Unidos tiene que consolidar la imagen icónica de independencia del Estado estadounidense en relación con las estructuras internacionales que el poder estadounidense ha venido creando e imponiendo.

Esta imagen del Congreso estadounidense como institución parlamentaria omnipresente y formalmente valorizada puede hacer creer a algunos observadores que los poderes del Presidente de Estados Unidos están sometidos a un constante control del Congreso y que están estrictamente limitados por la Constitución. Lo cierto es que el poder del Congreso está ya en sí mismo restringido por la propia Constitución estadounidense, que otorga al Presidente una serie de prerrogativas excepcionales al concederle un derecho de veto sobre los textos provenientes de los parlamentarios.

LOS «SIGNING STATEMENTS» 

PRESIDENCIALES

Lo más importante es que los actos del poder legislativo estadounidense pueden ser fácilmente minimizados mediante la utilización de los «Signings Statements», que permiten privar a la ley de su carácter vinculante [o sea, de su obligatorio cumplimiento] para el poder ejecutivo. Este tipo de declaración presidencial, que se agrega al acta de promulgación de la ley en cuestión, generalmente modifica substancialmente dicha ley.

Desde los tiempos de Ronald Reagan ha surgido una tradición de constantes declaraciones presidenciales que reinterpretan todo tipo de textos, desde la simple legalidad hasta los textos constitucionales, propuestos a la firma del Presidente. Ese procedimiento autoriza al Presidente de Estados Unidos a emitir reservas sobre el texto sometido a su firma y le permite no aplicar al pie de la letra las leyes que él mismo ha promulgado.

O sea, es el Presidente quien establece las condiciones y el contexto en los que él tendría que aplicar ciertas disposiciones legislativas. Este procedimiento fue ampliamente utilizado por los presidentes George Bush padre, Bill Clinton y George W. Bush.

Pero el presidente Obama no se quedó atrás en ese sentido. Por ejemplo, al inscribir su firma en la National Defense Autorizamiento Act, el 31 de diciembre de 2011, Barack Obama estipuló que su administración:

«interpretará y aplicará las disposiciones que a continuación se describen de forma tal que se preserve la flexibilidad de la que depende nuestra seguridad y que se mantengan los valores en los que se basa este país».

Barack Obama se opuso a obligación legal de detener militarmente a los terroristas extranjeros, lo cual limitaría la «flexibilidad» de la acción del Ejecutivo. En nombre de la «separación de poderes», que él concibe como una estricta independencia de la función ejecutiva ante la institución parlamentaria, Barack Obama defiende la opción administrativa de mantener a los prisioneros, por ejemplo, en las prisiones secretas de la CIA creadas fuera del territorio estadounidense. En este caso, lo que prevalece no es ya el texto de la ley sino la iniciativa presidencial.

UNA INVERSIÓN DE LA 

SEPARACIÓN DE PODERES

Mediante ese uso de los «Signings Statements», Barack Obama invierte el principio de la separación de poderes, modo de organización que data del llamado Siglo de las Luces o de la Ilustración. Para el pensador francés Montesquieu, el objetivo es impedir la concentración del poder político en manos de una sola autoridad. Para ello, es necesario que los poderes se equilibren y se limiten mutuamente. Por el contrario, la visión que el presidente estadounidense tiene de la separación de poderes, separa el poder del Estado de manera que evita que el Poder Legislativo pueda ejercer control sobre el Poder Ejecutivo. Para el poder ejecutivo estadounidense se trata de restablecer la supremacía de la decisión en relación con la norma y precisar que el Ejecutivo no está obligado a observar estrictamente las leyes que emanan de la institución legislativa. En ese contexto, la separación de poderes se convierte en ausencia de límites para la acción presidencial.

La utilización de los «Signings Statements» se ha convertido en un elemento fundamental del poder del Presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan los utilizó 250 veces durante sus dos mandatos. Bush padre retomó esa práctica en 228 ocasiones. El demócrata Bill Clinton impuso 381 «Signings Statements». George W. Bush prolongó la tradición, aunque de manera un poco más limitada, al firmar 152 comentarios sobre las leyes sometidas a su firma. Las declaraciones firmadas de los presidentes, en relación con los textos legislativos que les son presentados, contienen a la vez comentarios sobre la legalidad o la constitucionalidad de las disposiciones legales así como declaraciones de oposición al contenido de ciertos artículos. El porcentaje de este tipo de objeciones varía según los presidentes. En el caso de George Bush hijo, el 78% de las leyes promulgadas durante sus dos mandatos comportan ese tipo de objeciones.

En cuanto a Barack Obama, luego de haber expresado públicamente su oposición a ese procedimiento en su primera campaña electoral por la presidencia, finalmente la utilizó 38 veces.

Por lo tanto, nada impide que el presidente electo Donald Trump marche sobre los pasos de sus predecesores y recurra a esa práctica que limita el control del Congreso sobre los actos del Presidente. Hacerlo le evitaría verse sometido a ciertas disposiciones de leyes a las que los presidentes anteriores ya impusieron sus comentarios y reservas en el momento de firmarlas. Y también podrá valerse él mismo de ese recurso, imponiendo sus propios «Signings Statements».

Fuente: http://www.voltairenet.org/article194121.html

¡Y SIGUEN APARECIENDO PASAPORTES!

Uno no sabe si reírse o llorar. Desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, no hay un atentado terrorista cuyos presuntos culpables no se las arreglen para dejar sus papeles de identidad al alcance de los investigadores. Para el sociólogo Jean-Claude Paye, la aparente estupidez crónica y repetitiva de los terroristas no es otra cosa que un truco del Poder para asustar a la ciudadanía. ¿Cuál es la lógica? La versión oficial es tan absurda que no podemos, ni debemos dudar de ella.

Durante la investigación de las masacres de París, se encontró un pasaporte sirio cerca de los restos de uno de los kamikazes del Stade de France. Ya designado por el presidente Hollande como responsable de los atentados, el «Estado Islámico» reconoció ser responsable de esos actos. Para el gobierno francés, que había declarado querer intervenir en Siria contra el «Estado Islámico» —cuando en realidad quiere hacerlo contra la República Árabe Siria y contra su presidente constitucional Bashar al-Asad, de quien sigue diciendo que «tiene que irse»— se trata de un indicio importante destinado a justificar una operación militar.

El Stade de France es un recinto deportivo situado en Saint-Denis, municipio contiguo a París, en Francia. Inaugurado el 28 de enero de 1998, con el partido de fútbol Francia vs. España, es el mayor estadio del país galo, con un aforo de 81.338 espectadores. El estadio es propiedad del Estado francés y es administrado a través de concesión pública por el Consortium Stade de France.

Pero no es el gobierno francés el único que recurre al procedimiento del doble discurso apoyando una organización a la que se designa como enemigo y nombrando terroristas a individuos a los que anteriormente se designaba como «luchadores de la libertad». La fabricación de su propio enemigo se ha convertido en el eje de la estrategia occidental, lo cual nos confirma que en la estructura imperial no hay separación entre el interior y el exterior, entre el derecho y la violencia pura, entre la ciudadanía y el enemigo.

En Bélgica, el predicador musulmán Jean-Louis Deni está enfrentando acciones legales «por haber incitado jóvenes a irse a la yijad armada en Siria», ya que se sospecha que tuvo contactos con Sharia4Belgium, grupo calificado como «terrorista», contactos que niega el acusado. Su abogado destacó el doble-pensamiento hipócrita de la acusación cuando señaló en su alegato ante el tribunal correccional de Bruselas: «Se ha empujado a niños hacia los brazos del Estado Islámico en Siria y son los servicios [de inteligencia] de ustedes quienes lo han hecho». El abogado defensor apoyó sus acusaciones resaltando el papel que ha desempeñado en el caso un agente infiltrado de la policía federal.

Sharia4Belgium, se dedica a reclutar a idiotas para convertirse en yijadistas, y matar inocentes en Siria

El regreso del significante

En cuanto a las masacres perpetradas en París, parecería que una de las primeras preocupaciones de los terroristas es hacerse identificar lo más rápidamente posible. Pero esa paradoja a penas nos sorprende. El documento de identidad, hallado milagrosamente, que designa claramente al autor de los atentados que acaban de cometerse, se ha convertido en un clásico. Se ha hecho incluso repetitivo, repetición que siempre designa a un culpable perteneciente a un «movimiento yijadista».

En la versión oficial del 11 de septiembre, el FBI afirmaba haber hallado el pasaporte intacto de uno de los kamikazes cerca de una de las dos torres pulverizadas por explosiones que desprendieron una temperatura capaz de derretir el acero de las estructuras metálicas de aquellos inmuebles pero que dejaron intacto un documento de papel. La caída del cuarto avión, que se estrelló a campo abierto en Shanksville, también permitió a la policía federal encontrar el pasaporte de uno de los presuntos terroristas. Ese documento, parcialmente quemado, permite sin embargo identificar a su titular porque podían verse su nombre, su apellido y su foto. Pero del avión no quedaba más que un cráter de impacto, ni siquiera un pedazo de fuselaje, sólo este pasaporte parcialmente quemado.

Lo increíble como demostración 

de la verdad

En el caso de la masacre de Charlie Hebdo, los investigadores encontraron el documento de identidad del mayor de los hermanos Kouachi en el automóvil abandonado en el noreste de París. A partir de ese documento, la policía se da cuenta de que se trata de individuos ya conocidos en los servicios antiterroristas, son los «pioneros del yihadismo francés». Ya se puede iniciar la «persecución». ¿Cómo es posible que asesinos capaces de cometer un atentado con una sangre fría y un control de sí mismos calificados como dignos de profesionales cometan un error tan grande? No «trabajar» con sus papeles de identidad a cuestas es una regla elemental para el más simple ladronzuelo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, lo increíble se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad. Se ha transformado en la base de la verdad. La Razón ha sido expulsada de nuestro entorno. No se trata de creer lo que se dice sino más bien de aceptar lo que dice la voz que habla, sea cual sea el sin sentido que se enuncie. Mientras más evidente sea ese sin sentido, más ciega tiene que ser la creencia en lo que se afirma. Lo increíble se convierte así en medida y garantía de la verdad.

Prueba de ello es el discurso sobre los casos de Mohamed Merah o de Nemmouche. Cercado por decenas de policías, Merah supuestamente logró, burlar la vigilancia de las fuerzas especiales, salir de su domicilio y regresar después a ese lugar para que allí lo abatiera un «francotirador» que supuestamente le disparó en «defensa propia» y con «armas no letales». Merah supuestamente salió de su casa para llamar desde un teléfono público, con intenciones de «esconder su identidad», cuando reconoció su culpabilidad telefoneando a una periodista de France24.

En lo concerniente a Nemmouche, el autor de la matanza del Museo Judío de Bélgica, este personaje no se deshizo de su armamento porque… lo importante para él era revenderlo. Y no se le ocurrió nada mejor que recurrir al medio de transporte internacional más vigilado, transportando las armas que ya había utilizado en un autobús de la línea Ámsterdam-Bruselas-Marsella. Lo que supuestamente permitió su arresto fue un «control de aduana inesperado».

El choque emocional como recurso para 

construir «la unidad nacional»

En todos los casos, el carácter totalmente increíble de lo que nos presentan nos hace incapaces de reaccionar, nos petrifica, como la mirada de la Gorgona. Nos muestra que hay algo que no funciona en el discurso. Exhibe una falla cuyo efecto no es engañarnos sino fragmentarnos. El relato del desarrollo de los atentados es una exhibición impuesta al espectador. Escapa a toda representación y tiene un afecto paralizante. Esta última resulta no tanto del carácter dramático de los hechos como de la imposibilidad de descifrar lo real. El espectador sólo puede entonces hallar una apariencia de unidad acentuando su propia credulidad ante lo que se le dice. Se produce entonces una fusión entre el espectador y quien dice lo enunciado. Se hace conveniente renunciar a distanciarse de lo que se dice y se muestra, hay que renunciar a preguntar o a recobrar la palabra. La unidad nacional, la fusión entre vigilantes y vigilados, puede entonces instalarse.

La exhibición de las fallas del discurso sobre todos estos atentados tiene como efecto el surgimiento y propagación de una sicosis y la supresión de todo mecanismo de defensa, no sólo ante determinados actos o declaraciones sino ante cualquier acción o declaración del poder, por ejemplo ante leyes como la ley sobre la información de inteligencia, que saca la vida privada de las libertades fundamentales.

Un acto de guerra contra los pueblos

La ley [francesa] sobre la información de inteligencia, votada en junio de 2015, proyecto que ya tenía más de un año, nos fue presentada como una respuesta a los atentados perpetrados contra el semanario humorístico Charlie Hebdo. Esa ley autoriza sobre todo la instalación de «cajas negras» en los proveedores de acceso a internet para capturar en tiempo real los metadatos de los usuarios. También permite la instalación de micrófonos, de dispositivos de localización, de cámaras y de programas informáticos espías.

Quienes se verán sometidos a esas técnicas especiales de investigación no son los agentes de una potencia extranjera sino la población francesa. Así pasa esta a ser tratada como enemiga de un Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos el poder de decisión y el «control» de esos dispositivos secretos. Utilizando como pretexto la lucha contra el terrorismo, esta ley legaliza una serie de medidas que ya venían aplicándose, poniendo así a la disposición del Ejecutivo un dispositivo permanente, clandestino y prácticamente ilimitado de vigilancia sobre la ciudadanía.

La ausencia total de eficacia en la prevención de los atentados nos confirma que no eran los terroristas sino, efectivamente, los pobladores de Francia quienes estaban en la mirilla de esa ley. Al modificar la naturaleza de los servicios de inteligencia, pasando del contraespionaje a la vigilancia sobre la ciudadanía, esta ley es un acto de guerra contra la población de Francia. Las masacres que acabamos de ver en París son la parte real de esa guerra.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article189294.html#nh2