Gustavo Petro, el primer presidente soberano e izquierdista de Colombia en el siglo XX, en el cargo desde agosto de 2022, se enfrenta al reto de encontrar los recursos para financiar sus ambiciosas políticas sociales, entre ellas la reforma agraria y las transferencias financieras a los pobres.
Un ejemplo de esto último es el aumento del salario mínimo en un 12,06%, a 1,3 millones de pesos colombianos (305.89 euros) anunciado por el presidente el martes 2 de enero. Según la ministra colombiana de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que habló junto al presidente, a pesar de las diez rondas de negociaciones entre el gobierno, los representantes del capital y los sindicatos, el sector privado no aceptó la decisión del gobierno.
Recesión económica
Colombia, mientras tanto, se encuentra en un estado de recesión económica, como resultado del ciclo natural de sucesivos periodos de crecimiento económico y desaceleración del capitalismo. La situación actual es de desaceleración tras agotarse el impacto de los estímulos diseñados para impulsar la economía después de la austeridad epidémica de COVID-19 y el efecto del endurecimiento de la política monetaria para combatir la inflación de dos dígitos.
El descenso de los ingresos públicos es el resultado de una tasa de crecimiento interanual del PIB un 0,3% inferior en el tercer trimestre de 2023, desviándose significativamente de la previsión de crecimiento del 0,5%. La disminución del crecimiento se ha producido principalmente en los sectores de la construcción y la industria manufacturera, que registraron descensos del 8% y el 6% respectivamente. El banco central colombiano (Banco de la República, Banrep) prevé un descenso del crecimiento económico del 1,2% en 2023 al 0,8% en 2024.
Fracaso de la reforma fiscal
Se suponía que la reforma tributaria de noviembre de 2022 aportaría al presupuesto colombiano unos ingresos estimados en 20 billones de pesos colombianos anuales para financiar las reformas. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia tumbó un elemento clave de la reforma, dejando un agujero financiero de 3,2 billones de pesos colombianos, lo que representa el 15% de los ingresos que se suponía iba a generar la reforma. La Corte Constitucional dictaminó que prohibir a las empresas petroleras y mineras de carbón deducir los cánones de los impuestos de sociedades era inconstitucional, ya que violaba el principio de igualdad fiscal.
Política monetaria restrictiva
Un obstáculo adicional para que las autoridades colombianas recauden dinero para el presupuesto es la política monetaria restrictiva del consejo de política monetaria del Banco de la República, aún designado por los conservadores, como señaló el presidente en su discurso en la ceremonia militar del 15 de noviembre de 2023. El Banco Central mantuvo los tipos de interés en el 13,25% en noviembre, lo que por otra parte contribuyó a contener la inflación, que había alcanzado su máximo en marzo: en agosto fue del 11,43%, en septiembre del 10,99%, en octubre del 10,48% y en noviembre del 10,15%.
En diciembre, el Banco de la República anunció un recorte de los tipos de interés hasta el 13%. Según las previsiones del banco central, se espera que la tendencia a la baja de la inflación continúe en 2024, alcanzando el 5,7% a finales de año (aunque todavía por encima del objetivo del 3%). Por su parte, la actividad económica registrada por el Banrep cayó un 0,4% interanual en octubre, lo que llevó al banco central a rebajar su previsión de crecimiento para 2023 del 1,2% al 1%.
Elevación del límite de déficit presupuestario
La primera de las vías que explora Gustavo Petro para abordar el déficit de financiación es alejarse de la «regla fiscal»; una ley introducida en 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que impone restricciones al endeudamiento público y fija un límite máximo al déficit presupuestario del 71% del PIB.
El presidente colombiano, en un discurso pronunciado el 15 de noviembre, calificó la «regla fiscal» de producto del «fundamentalismo neoliberal», alentando el debate sobre su abandono. Señaló que la regla había sido soslayada por sus mismos autores, haciendo una aparente alusión a los Estados Unidos de América y a las instituciones financieras de la Unión Europea. Según el presidente, «cuando el nivel de inversión privada disminuye, el nivel de inversión pública debe aumentar». Según G. Petro, una reducción de ambos llevará a Colombia al desastre económico.
En este punto, el dirigente colombiano puede referirse a la política fiscal expansiva aplicada por los defensores más ruidosos de la disciplina fiscal (Estados Unidos, Alemania y el Banco Central Europeo de facto bajo su control) durante la crisis económica de 2008, pero sobre todo a las restricciones sanitarias con el telón de fondo de la histeria en torno al COVID-19. Este tipo de políticas siempre han tenido más partidarios en la izquierda que en la derecha, aunque no es la regla, como demuestran los gobiernos del PiS en Polonia.
El primer problema de este tipo de política es que el levantamiento del límite de endeudamiento del Estado probablemente elevará el precio de los bonos del Estado colombiano, con lo que aumentará el coste de su emisión y de su servicio, reduciendo así los recursos del presupuesto estatal; el efecto conseguido será el contrario del que el presidente G. Petro desearía lograr. Tras el discurso de G. Petro, el peso colombiano vio caer su valor frente al dólar estadounidense.
El segundo problema es que el aumento del gasto del Estado se está haciendo sobre el supuesto de una posterior amortización de la deuda pública así contraída en medio de un aumento de la actividad del sector privado. Sin embargo, es posible que este crecimiento no se produzca en absoluto o que sea inferior al supuesto, probabilidad que aumenta con la complementación de más segmentos del mercado por parte del Estado. Esto puede desencadenar una avalancha incontrolada de nuevos gastos en la cada vez mayor deuda pública, acompañada de un nuevo aumento del coste del servicio de los títulos de deuda pública y de una caída del valor del dinero.
Congelación de los salarios del sector público
Otra de las ideas del presidente para tapar el agujero de 3,2 billones de pesos colombianos (el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que se necesitarán hasta 6,5 billones de pesos colombianos para cerrar el presupuesto) es congelar los salarios del sector público para 2024. El gobierno quiere alcanzar un déficit presupuestario del 4,3% del PIB en 2023 y del 4,5% del PIB en 2024. En este tema, el presidente puede contar con el apoyo de los diputados de la centroizquierdista Alianza Verde (AV), mientras que la central sindical Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) se muestra escéptica, ya que sus representantes afirman que el presidente no puede modificar unilateralmente los acuerdos salariales negociados y firmados previamente.
La ayuda de China
Ante la escasez financiera, G. Petro también decidió pedir ayuda a China. Colombia ha sido tradicionalmente uno de los países del mundo más dependientes de EEUU, pero su actual presidente quiere equilibrar la política exterior de Bogotá, distanciándose de Washington al criticar su política exterior, sobre todo en Oriente Próximo, y equilibrando la ventaja yanqui con una alianza ampliada con China.
El presidente colombiano viajó a Pekín en el último trimestre de octubre de 2023, donde se reunió con Xi Jinping. Colombia se ha adherido a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, ofreciendo a sus socios chinos inversiones en energías renovables y la construcción de una ruta ferroviaria que conecte el Atlántico con el Pacífico y sea una alternativa al Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos. Por parte china, las relaciones con Colombia se elevaron a la categoría de «asociación estratégica».
Frenar los secuestros para pedir rescate
Por otro lado, el gobierno de G. Petro puede mostrar cierto éxito en la pacificación de la situación interna. La guerra civil a gran escala llegó a su fin definitivamente gracias a un acuerdo entre la administración del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese momento, sólo quedaba en el campo de batalla un grupo escindido relativamente pequeño de las FARC en la forma del Estado Mayor Central (EMC) y el menos significativo Ejército de Liberación Nacional (ELN), sometido, sin embargo, a una criminalización progresiva.
El martes 12 de diciembre, tras una segunda ronda de negociaciones del 2 al 11 de diciembre, Camilo Gonzáles, en representación de la parte gubernamental, y Oscar Ojeda («Leopoldo Durán»), en representación del EMC, firmaron un acuerdo en el que el EMC renunciaba a los secuestros para obtener rescate, pero sin indicar un plazo para la decisión. Está prevista una nueva ronda de negociaciones del 9 al 18 de enero, en la que se debatirán, entre otros, los temas del cultivo ilegal de coca y las preocupaciones sociales y medioambientales de la Amazonia.
En cambio, el ELN anunció el domingo 17 de diciembre el abandono del secuestro extorsivo. La decisión se anunció al término de la quinta ronda de negociaciones en Ciudad de México, llevada a cabo como parte de la tregua de seis meses anunciada en septiembre. Las partes también acordaron no involucrar a las fuerzas paramilitares en la guerra de guerrillas mientras dure el alto el fuego, la creación de seis «zonas críticas» para implementar el apoyo humanitario y la participación de la parte social en las conversaciones de paz. La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Cuba en enero sobre la prórroga de la tregua.
El abandono negociado de los secuestros extorsivos constituye un gran éxito para el gobierno de G. Petro: de los 287 secuestros extorsivos de los últimos diez meses, el ELN fue responsable del 11% y el EMC del 10%. Según el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, a 7 de diciembre de 2023, el ELN mantenía secuestradas a 38 personas. El número de secuestrados para pedir rescate el año pasado fue el más alto desde la desmovilización de las FARC en 2016.
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